La construcción de paz en Colombia ha sido un proceso complejo y multifacético, especialmente en las últimas décadas, marcadas por esfuerzos para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado interno. Este conflicto ha involucrado a múltiples actores, incluidos grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, grupos paramilitares, y fuerzas del estado, y ha resultado en profundas secuelas sociales, económicas y políticas. La firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC fue un hito significativo, pero la paz sigue siendo un objetivo esquivo en muchas áreas del país, donde la violencia persiste debido a disputas por el control territorial, recursos y la persistencia de grupos armados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha jugado un papel crucial en apoyar la construcción de paz en Colombia, trabajando en estrecha colaboración con el gobierno, la sociedad civil, y otros actores internacionales y locales. La estrategia del PNUD se ha centrado en varios frentes clave: apoyar la implementación del acuerdo de paz, fomentar la reintegración de excombatientes, promover el desarrollo económico y social en regiones afectadas por el conflicto, y fortalecer las instituciones para garantizar la justicia y los derechos humanos.
Finalmente, el PNUD ha sido instrumental en el fortalecimiento de las instituciones colombianas para mejorar la justicia y la protección de los derechos humanos, aspectos críticos para una paz duradera. Esto incluye apoyo para mejorar los sistemas de justicia local y garantizar que las víctimas del conflicto reciban reparación y justicia. Este enfoque holístico, que abarca desde la gestión de proyectos locales hasta la incidencia en política pública, es clave para entender cómo el PNUD busca contribuir a una paz duradera y sostenible en Colombia.
El PNUD considera que la construcción de la paz representa la esencia de su trabajo en Colombia. Por lo tanto resalta la importancia de trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, con la sociedad civil, a nivel nacional y territorial y con la comunidad internacional para definir una estrategia de construcción de paz que tome en cuenta los posibles escenarios futuros cumplidos tras la implementación del Acuerdo Final con FACR-EP y el inicio de escenarios de diálogos múltiples en el marco de la Política de Paz Total: independientemente de los resultados de los procesos de dialogo en curso, es necesario seguir un esfuerzo de construcción de paz que implique la superación de las causas estructurales de la conflictividad violenta.
Un concepto importante en la literatura más reciente de análisis de paz y conflicto es el de transformación del conflicto: según Jhon Paul Lederach es necesario superar la noción tradicional de “resolución de conflictos”, ya que el conflicto es algo "natural" en la sociedad y no se puede “resolver”. Tampoco es suficiente el enfoque de gestión de conflicto (o conflict management) porque en este no se provocan los cambios necesarios en las condiciones que generan la conflictividad. El enfoque que deberíamos desarrollar es la “transformación de conflictos” entendida como “esfuerzo por responder a los conflictos sociales creando procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales” 1. Una modalidad especifica que podríamos definir como "enfoque territorial de construcción de paz”, permite evidenciar la necesidad de construir la paz desde los territorios y las regiones más afectadas por la violencia. En este sentido podemos hablar de construcción de la paz desde los territorios o local level peacebuilding
La metodología de acompañamiento del PNUD en el caso de los esfuerzos de construcción de paz debe consistir, entonces, en el fortalecimiento de capacidades locales de paz, es decir el fortalecimiento de las redes sociales e institucionales que, desde los territorios, buscan alternativas de construcción de paz. Podemos definir la construcción de paz como los esfuerzos para enfrentar las causas estructurales del conflicto, buscando soluciones duraderas en la esfera económica, social, política y cultural, y a las capacidades locales de paz como programas e iniciativas territoriales que buscan superar:
1) Las causas que generan la violencia directa (conflicto armado interno e inseguridad ciudadana)
2) Las causas que generan la violencia estructural (a nivel político, social, económico y ambiental), que limitan la convivencia pacífica, la reconciliación y la transformación de los imaginarios de la violencia (manifestaciones de violencia cultural como discriminación, corrupción, ilegalidad y exclusión).
3) La vulnerabilidad y baja capacidad de gestión y respuesta ante los shocks y el estrés de eventos disruptivos como los desastres y los conflictos.
A partir de lo anterior, el área de Paz, Justicia y Reconciliación entiende que la construcción de capacidades locales de paz se debe hacer en 3 ejes:
Fortalecer efectivamente las capacidades de paz implica medir y evidenciar las capacidades locales de los territorios en los que trabajamos para brindar soluciones a la medida de las necesidades territoriales, maximizar los efectos positivos de los programas desarrollados, y evitar efectos no intencionados.
A partir de los tres ejes identificados, el PNUD en Colombia establece las siguientes líneas de acción, que permiten diagnosticar y fortalecer las capacidades para la paz territorial.
A. Integración de población desmovilizada/desvinculada del conflicto: Desde el nivel local se pueden fomentar oportunidades económicas para individuos y colectivos, así como reincorporación comunitaria.
B. Atención y reparación a víctimas- Justicia transicional restaurativa: Especialmente soluciones para la población víctima y población desplazada. La gran mayoría de municipios tienen víctimas del conflicto. Desde el nivel local se pueden impulsar de manera concurrente con UARIV-RUV para población víctima en general y Ruta de Atención y Reparación a Víctimas, individual o colectiva. Por otra parte, con UNGRD acciones de atención (especialmente los municipios con afectación por desplazamiento o confinamiento), facilitar retornos y reubicaciones (para municipios que tienen población desplazada sin vocación de permanencia) o impulsar procesos de integración local, especialmente generación de ingresos, legalización de barrios y acceso a vivienda para población desplazada con vocación de permanencia.
C. Seguridad Ciudadana y convivencia: Centrado en prevención de factores de riesgo, mejor articulación nación-territorio para claridad en competencias y recursos, foco en investigación e inteligencia para atacar las principales organizaciones criminales en vez de patrullaje y control desenfocado. En el marco de planes integrales de seguridad ciudadana, incorporar la protección a liderazgos sociales y comunitarios y tener en el centro la protección y garantía de los derechos humanos.
D. Justicia local y restaurativa: Esto incluye la expansión de métodos alternativos de resolución de conflictos, sistemas locales de justicia que logren mejor coordinación de actores formales y no formales de justicia y clarificación de protocolos de atención a víctimas (ej. frente a VBG), impulso a procesos de justicia restaurativa que permitan tramitar causas menores para descongestionar el sistema penitenciario y fomentar procesos de reinserción social.
E. Cultura de Paz y No Violencia: Iniciativas de lucha contra la estigmatización, la desinformación y la polarización. Campañas de comunicación y pedagogía de paz (de implementación de acuerdos, así como nuevas negociaciones).
F. Gestión del riesgo: La capacidad de las comunidades para manejar y recuperarse de los efectos de los desastres y los conflictos. Esto implica el fortalecimiento de las infraestructuras locales, la gobernanza efectiva y la cohesión social.
G. Movilidad Humana: Capacidad de integrar las dimensiones humanitaria, de desarrollo y de construcción de paz, considerando la movilidad no solo como una respuesta a conflictos, violencia y desigualdades socioeconómicas, sino también como una oportunidad para fortalecer el desarrollo y la resiliencia. Desde el enfoque Nexus se reconoce la interdependencia entre movilidad y conflictos, se subraya la importancia de proteger los derechos humanos de las personas en movimiento, y se promueve políticas coherentes para la integración económica y social de migrantes y desplazados, fomentando la colaboración transfronteriza y la participación de comunidades móviles en la gestión de sus desafíos y oportunidades.